"Justos pagan por pecadores"

Hasta que se destapó el escándalo, la ley de Agro Ingreso Seguro era vista como un proyecto que beneficiaba a la población agrícola, haciéndola más productiva y competitiva. Sin embargo, la opinión al respecto de una gran parte de los colombianos ha cambiado de manera negativa. ¿Es este el medidor para calificar el éxito de esta iniciativa?

Tal parece que los apellidos Dávila, Lacouture, Vives y otros pertenecientes a ciertas personas reconocidas del departamento del Magdalena han dejado en un segundo plano a las más de 316 mil familias que se han beneficiado de la ley Agro Ingreso Seguro (AIS) y que viven del campo en Colombia.

Desde que la revista Cambio reveló serias inconsistencias en la adjudicación de dineros relacionados con dicho proyecto, la avalancha de críticas hacía el Gobierno ha sido innumerable. Todo aquel que se ha visto afecto por AIS critica el hecho de que, supuestamente, el gobierno anda repartiendo dinero al azar a familias adineradas de la costa norte del país, sin evaluar si en realidad estos individuos son idoneos para recibir los auxilios que ofrece esta iniciativa.

Pero esto es un gran error. Ni el ministro de Agricultura, ni el Presidente, ni los funcionarios del Gobierno están autorizados para determinar quién recibe estos subsidios, aseguró en días pasados el ex ministro Andrés Felipe Arias a la cadena radial Caracol Radio. Al contrario, el encargado de esta evaluación es el reconocido Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para distribuir los dineros a la selección de beneficiarios de la ley Agro Ingreso Seguro, propuesta en el período en el que Arias ofició como ministro de Agricultura. Esto, a los ojos de la gran mayoría, debería ser una prenda de garantía sobre la transparencia de este proceso.

Según Alfredo Rangel, columnista de Semana: a quienes critican sin conocer, hay que explicarles que esa ley tiene cuatro programas: de crédito barato y amplio plazo, que ya apalancó 81.000 proyectos, de los cuales 73.000 son pequeños proyectos campesinos, a los que apoyó con 325.000 millones de pesos; de incentivo a la capitalización rural, que apoya 22.000 proyectos, con 144.000 millones de pesos; de riego y drenaje, que financia 468 proyectos por 245.0000 millones de pesos, y ha beneficiado a 58.000 familias, y de asistencia técnica, que apoya a 77.000 familias campesinas con 23.000 millones de pesos.

Pero la realidad es que familias vivas y tramposas lograron inmiscuirse en la forma en que se reparten los beneficios y echaron por la borda lo que sobre el papel constituía una propuesta excelente para impulsar el agro colombiano. Algunas familias como los Dávila aplicaron para ser beneficiarios de esta ley pero, al saber que cada proyecto productivo no recibiría más de 600 millones, fraccionaron su finca entre los mismos familiares y por cada división recibieron 420 millones de pesos. Desde esta óptica, la trampa la hicieron los que aplicaron de una manera corrupta a este proyecto, no los que aprobaron dar el subsidio.

Por tal razón y otras mencionadas en diferentes medios se complica mantener la transparencia del proceso. En el caso de los Dávila, el caso se agrava al saber que la familia involucrada tiene de puente entre el Iica y el Ministerio de Agricultura, según la revista Cambio, a Carlos Manuel Polo, un ingeniero civil especializado en Ciencias Agropecuarias que fue alcalde de Santa Marta en 1988 durante seis meses y fue subgerente de Infraestructura del Incoder, -ente adscrito al Ministerio de Agricultura- entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2007”, quien manejó sus influencias para que a la familia Dávila le fueran aprobados los subsidios de cada fracción de tierra de la misma finca.

Esto generó indignación en Arias, debido a que para él la ley de Agro Ingreso Seguro fue establecida como una solución que ayudaría al desarrollo sostenible del campo, pero en su opinión su buena fe fue pisoteada. “Pensé que actuaba con la misma buena fe con la que he actuado siempre”, afirmó para la revista Semana.

Lo cierto es que, más allá de los líos revelados, el campo colombiano necesita de AIS. Según cifras del Instituto Agustin Codazzi, hay más de 2,5 millones de campesinos en Colombia. El 30 por ciento de este sector de la población, según Planeación Nacional, está en situación de indigencia y el 68 gana menos de un mínimo.

“Ser campesino pobre en Colombia es una calamidad”, dijo en alguna oportunidad la senadora Alexandra Moreno Piraquive al describir la situación de los campesinos en el país, y fue en enfática al afirma que "no es posible que mientras el presupuesto del Ministerio de Agricultura paso de 245 mil millones en el 2002 a 1,4 billones en el 2007 (creció 8 veces) el campo colombiano siga de mal en peor".

Así mismo, de los 25 millones de hectáreas que tenemos para cultivar solo hemos explotado 5 millones y necesitamos expandir nuestras fronteras agrícolas, aseguró el columnista Alfredo Rangel.

La necesidad de la expansión de nuestras fronteras agrícolas es asunto primordial del Gobierno, pues gracias a esto se puede generar más empleo a campesinos de diferentes poblaciones. Además, implica fortalecer nuestro mercado interno, aumentar nuestra productividad y estabilizar nuestro ingreso, para ser parte activa de la globalización en la que estamos sumergidos. Esto se logra haciendo de miles de hectáreas, desaprovechadas focos de productividad, suprimiendo aranceles para ayudar a los campesinos y permitiendo así que el aumento de la producción genere competencia frente a otros países desarrollados.

Sin embargo, más allá de los beneficios de AIS es preciso seguir investigando hasta las últimas consecuencias sobre las irregularidades al respecto. Si hay culpables, denunciarlos. Que paguen por haber abusado de algo que se diseñó para ayudar, pero que terminó enriqueciendo más las arcas de unos con suficiente poder y dinero. Los mismos con los pocos escrúpulos para inmiscuirse en la política y las instituciones a tal punto de desviar recursos para fortalecer sus imperios de corrupción.